El pasado 21 de enero, desde el PSOE presentábamos en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, bautizada como Ley Zerolo tras ser promovida hace más de 12 años por el  diputado, responsable de la Secretaría de Movimientos Sociales del PSOE y activista LGTBI ya fallecido, Pedro Zerolo. La ley constituye así una reivindicación histórica tras registrarse en dos ocasiones, una en 2011 y otra en 2019, sin que se haya llegado a aprobar.

¿Por qué nace esta normativa?

Esta ley tiene un doble objetivo: “prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador, el cual tiene también un sentido formativo y de prevención general”, destaca el anteproyecto presentado por el grupo socialista.

Así, el propósito es convertirse en “el mínimo común denominador normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español”.

Por ello, la normativa recoge las garantías necesarias para otorgar una protección real frente a todo tipo de discriminación, tanto por razones de nacimiento, origen étnico, discapacidad, edad, enfermedad, orientación o identidad sexual, opinión, lengua o cualquier otra condición social o personal.

Esta normativa contempla además el desarrollo de una Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y no Discriminación y la creación de una Autoridad para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que será independiente y que se encargará de proteger y promover los principios contemplados en la ley.

La Ley Zerolo busca aplicarse en todos los ámbitos: política, economía, cultura y sociedad. Pero, especialmente, en las siguientes esferas:

  • Empleo y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia.
  • Acceso, promoción, condiciones de trabajo y formación en el empleo público.
  • Afiliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico.
  • Educación.
  • Sanidad.
  • Prestaciones y servicios sociales.
  • Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público.